La Red de Defensorías de la Comunidad Universitaria de Castilla y león, reunida en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León el día 13 de julio de 2022 con asistencia de los Defensores y Defensoras de la Universidad de Burgos, Universidad Europea Miguel de Cervantes, Universidad Isabel I, Universidad de León, Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad de Salamanca y Universidad de Valladolid, y la asistencia de los adjuntos de las Defensorías de la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid, han alcanzado los siguientes
ACUERDOS:
La Red de Defensorías de las Universidades de CyL es consciente de la necesidad de desarrollar urgentemente los instrumentos y normas que desarrollan la Ley de Convivencia.
* Apostamos por un modelo que sea común en el conjunto de las Universidades con una Comisión de Convivencia paritaria, lo más sencilla posible, para agilizar su actividad. En este sentido, la Comisión deberá dotarse de sus propias reglas de funcionamiento.
* Compartimos la idea de que la presencia de la Defensoría es fundamental en la Comisión de Convivencia, pero con voz y sin voto para salvaguardar la independencia inherente a nuestra función.
* Entendemos que, en este marco, las Defensorías podrán mantener sus funciones actuales y, a la vez, colaborar en la aplicación eficiente de la Ley de Convivencia.
La Red de Defensorías de las Universidades de Castilla y León, independientemente del modelo de normas de convivencia por el que opte cada universidad, debe velarse por una armonización coherente de las normas existentes en cada una de las Universidades cuando se opte por la compilación de las mismas.
La Red de Defensorías de las Universidades de Castilla y León, considera que en la redacción final de la LOSU debe corregirse la falta de mención de la institución de la Defensoría en relación a las universidades privadas.
Entendemos que debe tratarse del uso de una defectuosa técnica legislativa, dada la acreditada importancia de las Defensorías en las universidades privadas en la legislación vigente, su papel garante de los derechos de la Comunidad Universitaria y de la calidad de los procedimientos.
